La secretaria Laura Olivia Villaseñor Rosales comparece ante el pleno del @CongresoPue para dar cuenta de la situación que guardan los asuntos relativos a la Secretaría de la Función Pública del Estado, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno. pic.twitter.com/QWdEdbwbMG
— Secretaría de la Función Pública (@FuncionGobPue) January 24, 2020
Durante su comparecencia en el pleno del @CongresoPue, la secretaria Laura Olivia Villaseñor Rosales informa que se han realizado 37 mesas de trabajo, en las cuales ha dado seguimiento a 658 hallazgos determinados (1/2) pic.twitter.com/HRk6mXJjpJ
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Se recibieron 285 denuncias en contra de las y los servidores públicos por posibles actos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones, de las cuales se iniciaron investigaciones, informa la secretaria Laura Olivia Villaseñor Rosales en el pleno del @CongresoPue. pic.twitter.com/586a7eJbvj
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A través “DeclaraNet Plus”, las y los servidores públicos presentan sus declaraciones patrimoniales y de intereses, contando con un registro de 2 mil 73 declaraciones en el periodo del 1° de agosto al 30 de noviembre de 2019, refiere la secretaria Laura Olivia Villaseñor Rosales pic.twitter.com/j2rVdJkKzq
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• Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado no las atendían desde 2014, reveló la titular de la dependencia.
• Para comprobar que las obras públicas cumplan con la calidad requerida, se realizaron 523 visitas de inspección, destacó.
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Un cúmulo de observaciones pendientes de atender por dependencias del Gobierno del Estado desde 2014, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos, halló la administración de Miguel Barbosa Huerta, reveló la secretaria de la Función Pública, Laura Olivia Villaseñor Rosales, al comparecer ante los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso.
Las observaciones pendientes, que emitieron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), fueron recurrentes y en ningún momento las entidades involucradas actuaron para que no se siguieran cometiendo las mismas irregularidades y errores, apuntó.
“En ningún momento se actuó porque se implementaran nuevos controles para que en las dependencias no se siguieran cometiendo los mismos errores o las mismas irregularidades, eso es parte de lo que nosotros como auditores tenemos que analizar para considerar qué es lo prioritario, qué vamos a ir revisando”, señaló.
Al manifestar que están por solventarse 2 mil 172 millones de pesos del monto antes mencionado, la funcionaria explicó que la Secretaría de la Función Pública es el enlace entre las dependencias y las entidades fiscalizadoras.
Villaseñor Rosales añadió que del 1 de agosto al 30 de noviembre, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública Federal, la dependencia realizó 18 auditorías a los recursos federales del ejercicio de 2018, de las cuales 10 concluyeron y ocho quedaron pendientes. Los montos auditados y observados ascendieron a mil 835 millones 957 mil 718 pesos y 52 millones 164 mil 809.30 pesos, respectivamente.
Por otro lado, recordó que uno de los principales compromisos del gobernador es edificar obras que cumplan los términos contratados y con la calidad requerida, por ello informó que durante el actual gobierno se han realizado 523 visitas de inspección y verificación a 361 obras públicas en 102 municipios.
También dio a conocer que, con el objeto de lograr una administración pública eficaz y eficiente, a través de un correcto desempeño del quehacer gubernamental, se iniciaron 15 procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa de 19 funcionarios del Ejecutivo Estatal, se emitieron tres sentencias y se sancionó a tres prestadores de servicios por la comisión de faltas administrativas.
En esta comparecencia como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria también expuso que se realizaron 19 visitas de verificación en dependencias y entidades gubernamentales, con la finalidad de promover y revisar que los servidores públicos se apeguen a los principios de actuación.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública requirió a las dependencias identificar e informar de los servidores públicos que intervienen en sus procedimientos de contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, concesiones y permisos con cargo a recursos federales, para mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), integrado por 486 trabajadores, puntualizó.
Por último, señaló que bajo un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones de la administración, la Secretaría de la Función Pública trabaja de manera permanente en el fortalecimiento, evaluación y fiscalización del sector gubernamental para una mejora continua y para el combate a la impunidad.