Boletín 418/2021

-Al entregar el Tercer Informe de Gobierno, el gobernador advirtió que regulará el transporte público, el cual dijo que está formado por la acumulación de privilegios de grupos clientelares

-Se han resuelto 58 procedimientos de responsabilidad contra servidores y exservidores públicos. Implican un monto de más de 124 millones 600 mil pesos por posible desvío de recursos y peculado

-Se suprimió por decreto la Dirección de Policía Estatal de Vialidad; fue destituida la plantilla de personal del Registro Público y Catastral y se prescindió de los servicios de la totalidad de supervisores de la SMT

-Se emprendieron estrategias de carácter legal para la recuperación de 5 inmuebles cuyo valor aproximado es de más de mil 100 millones de pesos, y se impulsó la Política Estatal Anticorrupción

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En Puebla el transporte público está formado por la acumulación de privilegios de grupos clientelares, por lo que el actual gobierno estatal trabaja para regularlo, sostuvo el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, al abordar el rubro de corrupción durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno al Congreso del Estado.

Como parte de estas acciones, la administración estatal regulará las grúas y corralones, eliminará las rutas encimadas y a los denominados taxis piratas, y además cancelará miles de concesiones y procederá legalmente contra los responsables del otorgamiento en el pasado de este tipo de permisos, advirtió el mandatario.

Afirmó que en Puebla se combate la corrupción desde tres frentes: el fortalecimiento institucional, la prevención y la aplicación de la ley; se acabaron los privilegios, nunca más intereses intocados, vamos caminando en este rumbo porque es una deuda moral frente a los poblanos, tenemos que ser un gobierno austero, ordenado, diferente, ya no podíamos ser un gobierno de opulencia.

En su mensaje, el mandatario estatal informó además que su administración se encamina a la digitalización, reduce trámites e implementa ventanillas de atención ciudadana para agilizar y hacer más eficientes las acciones gubernamentales para erradicar la corrupción como un cáncer de la sociedad.

En el documento, se informa que de enero a noviembre de este año, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Puebla, recibió un total de 923 denuncias por actos u omisiones de servidores públicos que constituyen posibles faltas administrativas, por lo que se abrieron 562 expedientes.

Se da a conocer que, como resultado de las investigaciones realizadas, se iniciaron 207 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 50 ya fueron resueltos, 134 se encuentran en proceso y 23 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su resolución por tratarse de la posible comisión de faltas administrativas graves. Además, se emitieron ocho resoluciones contra servidores públicos que prestaron sus servicios en los ejercicios 2019 y 2020.

De las 58 resoluciones emitidas, se ordenaron 20 destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, 18 suspensiones y una amonestación pública. Cabe señalar que los expedientes de presunta responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal implican un monto de más de 124 millones 648 mil pesos por la posible comisión de faltas administrativas graves como desvío de recursos y peculado.

Además, con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la Administración Pública, se han presentado 14 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito.

En materia de adquisición de bienes, servicios y obra pública, el Gobierno de Puebla privilegió la realización de licitaciones públicas en igualdad de condiciones para todos los participantes, logrando asignar 90.53% del monto total adjudicado en el Ejercicio Presupuestal 2021, bajo este esquema, en observancia a los criterios de economía, eficiencia y honradez.

Se impulsó la Política Estatal Anticorrupción (PEAPUEBLA), la cual representa el esfuerzo más significativo hasta el momento para coordinar a las instituciones públicas de todos los poderes y niveles de gobierno a fin de erradicar este cáncer de la sociedad.

Con el objetivo de acabar con los abusos contra los poblanos, se suprimió por decreto la Dirección de Policía Estatal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública; fue destituida la plantilla de personal del Registro Público y Catastral y a los nuevos empleados se les incrementó el salario al doble inhibiendo el riesgo de corrupción, asimismo, se prescindió de los servicios de la totalidad de supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en su lugar, fueron contratados 18 supervisores que cuentan con licenciatura en Derecho y carreras afines.

La recuperación de inmuebles que fueron dolosamente otorgados por las pasadas administraciones a particulares y a grupos políticos, ha sido una de las prioridades para este gobierno. Al respecto, se recuperó una propiedad ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla que se convirtió en el albergue Vida Digna, un hogar para personas de la tercera edad en situación de calle o de vulnerabilidad.

De igual manera se emprendieron estrategias de carácter legal para la recuperación de 5 inmuebles ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl como el que ocupa el Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET), y otros más que representan una superficie de más de 100 mil metros cuadrados y cuyo valor aproximado es de más de mil 100 millones de pesos.

Se denunciaron a más de 20 exservidores públicos que intervinieron en la celebración del contrato para el Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) del CIS y Atención Ciudadana del municipio de Puebla y la obligación adquirida de pagos millonarios durante 25 años.

También se denunciaron las irregularidades detectadas en la construcción y modernización de puentes vehiculares de jurisdicción estatal durante el periodo 2011-2017. Dichas obras se ejecutaron con un sobrecosto, ya que después de realizar un peritaje, se determinó que los tirantes que se colocaron carecen de alguna función estructural y únicamente son elementos estéticos, originando un daño patrimonial para el Estado.

De las revisiones realizadas al Centro de Exposiciones y Convenciones, se identificó que durante su construcción se realizaron pagos a una empresa que no tenía nada que ver con la construcción por lo que se presentó la denuncia por el desvío de más de 100 millones de pesos. Hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso dos exfuncionarios.

En administraciones pasadas se otorgaron concesiones, arrendamientos, autorizaciones de uso y aprovechamiento de diversos locales comerciales construidos en parques e inmuebles a resguardo del Estado, ante estos hechos, se presentaron dos denuncias penales, cuatro administrativas en contra de exservidores públicos y seis demandas de carácter civil con la finalidad de ejecutar el cobro del adeudo de los particulares.

En abril de 2017, se contrató un seguro contra desastres naturales por 18.3 millones de dólares con una suma asegurada de 30 millones de dólares, sin embargo, cuando fue necesario hacerlo efectivo se entregó casi un año después. Se denunció y se investiga a los responsables.

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se debieron atender daños a la infraestructura educativa de la entidad, la presente administración identificó contratos pagados por obras que no fueron ejecutadas, inexistentes, por lo que se presentaron un total de 12 denuncias ante la Fiscalía Estatal y Federal por un monto de más de 204 millones de pesos.

Se detectaron severas irregularidades en materia museística, específicamente en el manejo de las colecciones a resguardo del Estado, por lo que se está realizando una revisión minuciosa en los 20 museos a cargo del Estado y la Biblioteca Palafoxiana, para realizar las acciones administrativas y legales correspondientes en contra de quienes resulten responsables por la sustracción ilegal o daño de piezas con valor histórico, patrimonio de todos los poblanos.

Con el fin de evitar el crecimiento desordenado de la mancha urbana de la ciudad de Puebla hacia la zona de Flor del Bosque, permitido por administraciones pasadas, incentivando la especulación de la tierra y el desarrollo inmobiliario, este Gobierno ha trabajado puntualmente en la declaración como Área Natural Protegida (ANP) en la modalidad de Reserva Estatal, por lo que se generó el Estudio Técnico Justificativo que proporciona los elementos técnicos que sustentan que esta importante área natural cuenta con las características físico- biológicas para ser decretada como tal, con lo que se frenará el impacto ambiental, logrando el cuidado y la protección de la biodiversidad y recursos naturales de las mil 501 hectáreas que comprende esta importante área.

El Gobierno, firme en su compromiso de mantener un ambiente sano y en combate a la corrupción, clausuró la operación de maquinaria que causaba daños severos en los estromatolitos del lago de Alchichica, logrando detener y remitir al ministerio público a dos personas; con estas acciones se logró detener la construcción de obras ilícitas que ocasionan daños irreversibles a estos ecosistemas.

Se realizaron 453 inspecciones a anuncios y estructuras publicitarias, en consecuencia, se realizaron 83 clausuras y 105 retiros de estructuras de hasta 25 metros de altura, por incumplir lo establecido en la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.

La operación de los Centros de Verificación violentaba la normatividad oficial vigente, por lo que se tomó la determinación de erradicar cotos de corrupción con la elaboración del Manual de Operación y Funcionamiento, así como con la convocatoria para proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

En seguimiento a la detección de expedición de documentos falsos utilizados para el trámite de titulación en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), se vinculó a proceso por las instancias competentes al entonces Director del Instituto. De las 26 denuncias presentadas cuatro personas ya han sido vinculadas a proceso y las denuncias restantes continúan con el procedimiento ante la FGE.

El 5 de marzo de 2021 se publicó la Ley del Notariado para el Estado de Puebla ¡Nunca más empresarios de la función pública ni patentes entregadas por concesión directa del gobernador en turno!

Respecto a la revisión de 29 notarías otorgadas de manera irregular durante la administración 2011-2017, se recuperaron 21 patentes notariales y las ocho notarías restantes se encuentran en proceso de investigación o litigio por las denuncias presentadas.

El Gobierno del Estado ha revisado las condiciones de subsidios e ingresos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), donde se destinan importantes recursos para el pago de las contraprestaciones de los concesionarios por motivo de subsidio y de recaudo.

A partir de las negociaciones realizadas con la empresa responsable del servicio de dicha Red, se firmó el Convenio de Transacción, logrando la reducción de una contraprestación mensual en 43.20%, lo que representa un ahorro de más de 504 millones 989 mil pesos al final de la concesión y se incrementa la captación de ingresos en la recaudación generada por el servicio.

Asimismo, en el periodo que se informa se logró eliminar el cobro en efectivo que se realizaba en las siete rutas alimentadoras de la Línea 1 del Sistema RUTA (Corredor Chachapa-Tlaxcalancingo) desde su creación y generaba un descontrol en la contabilización de ingresos para el Estado; con esta acción se genera una mayor certeza sobre la operación y, por lo tanto, un adecuado control sobre lo recaudado en cada una de las alimentadoras.

Tras interponer las denuncias y la realización de investigaciones, fueron detenidas dos personas por delitos contra la Administración Pública, quienes fungían como servidores públicos en administraciones pasadas, por firmar contratos sin autorización previa de la Junta de Gobierno para el proyecto del tren Puebla- Cholula, obra suntuosa que tiene un recorrido de solo 16 kilómetros y tuvo un costo de más de mil millones de pesos.