Mediante el ejercicio de Censo e Inspección Vehicular, personal de la dependencia supervisa y evalúa las unidades del transporte público en los municipios del estado, atendiendo la instrucción del gobernador @SergioSalomonC de dignificar el servicio.
— Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) October 3, 2023
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-Representantes de ruta, concesionarios, permisionarios y operadores recibieron sanciones o medidas correctivas
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En seguimiento a los reportes ciudadanos recibidos por medio de los diferentes canales de comunicación, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dio seguimiento y resolución a un total de 2 mil 413 quejas en materia de transporte público, en un periodo de enero a septiembre del presente año.
Mediante un acompañamiento puntual a las quejas presentados por parte de las y los usuarios, personal de la dependencia localizó e intervino las unidades reportadas, a fin de notificar el reporte, realizar una verificación documental e imponer las sanciones o medidas correctivas pertinentes, dependiendo de la reincidencia. En este sentido, la Dirección de Inspección y Vigilancia impuso las sanciones o exhortos vía oficio, así como la suspensión de la unidad y el operador, acorde a lo establecido en la Ley de Transporte del Estado y su reglamento.
Estas acciones se implementaron a diferentes rutas reportadas, tales como: 10, 4, 21, CREE Madero, 3, Azteca, 76 Loma Bella, 50 y JBS, por no tratar al usuario correctamente, poner en riesgo la seguridad del usuario, violar las reglas de tránsito, usar dispositivos celulares, manejar a exceso de velocidad, no hacer parada para personas con discapacidad o adultos mayores, así como no respetar tarifas establecidas.
El gobierno estatal, bajo el marco de la legalidad, brinda monitoreo y atención oportuna a las quejas presentadas por la sociedad sobre el servicio de transporte público, mediante supervisiones itinerantes en los municipios, principales avenidas de la zona metropolitana y en las bases o sitios, que permiten la detección de irregularidades y la aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes.