- El estado fue sede del “Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022”

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la ceremonia de clausura del "Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022", la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral destacó el esfuerzo del Gobierno del Estado y la iniciativa del mandatario Miguel Barbosa Huerta por convertir a la entidad en el centro de trabajo en fortalecimiento, defensa y garantía de los Derechos Humanos.

La funcionaria agregó que, para el gobernador y su administración, es prioritaria la vocación por proteger la dignidad de la población y propiciar condiciones para una vida plena. Enfatizó que este magno evento de talla mundial, fue oportuno para analizar la situación de los derechos en general, para realizar una autoevaluación como gestión pública, así como la adquisición de conocimientos que contribuyen al quehacer político y social y, agregó, que desde el gobierno estatal continuará la lucha por el respeto y la garantía de estos, ya que es un tema que compete a todos y es una responsabilidad compartida.

De manera previa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Pardo Rebolledo, durante su conferencia magistral denominada “La Suprema Corte y el Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, resaltó que la consulta indígena es la oportunidad que tiene el Estado para que las decisiones que involucren a estas comunidades, generen confianza, entendimiento y beneficien directamente a sus integrantes.

En la última ponencia, el jurista comentó que el derecho a la consulta es de suma importancia, y es obligación de las autoridades administrativas efectuarlas sobre cualquier acto susceptible que pueda afectar a este sector.

Refirió que la meta de los esfuerzos colectivos debería estar enfocada a dar seguimiento al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, a través de la Constitución, los tratados internacionales y las sentencias que han ido ampliándose, con el objetivo de lograr la protección, estabilidad y seguridad jurídica del colectivo indígena; reconoció que es un camino que apenas inicia, sin embargo, son acciones que enriquecen el debate constitucional en materia de Derechos Humanos.